Es lo primero que advierte antes de hablar con BBC Mundo Jaime, un nicaragüense que pertenece a la Iglesia católica desde hace 24 años y que pide que lo identifiquemos con un nombre ficticio. «Ser católico en Nicaragua, en este tiempo de persecución, es un riesgo».
La conversación, que se realiza a través de la app de mensajería Telegram por razones de seguridad, se produce días antes de lo que será la primera Semana Santa en Nicaragua sin procesiones religiosas en espacios públicos, en un acto más de la disputa del gobierno del presidente Daniel Ortega con la Iglesia católica.
Contra la iglesia
La tensión entre el gobierno de Ortega y la Iglesia católica se disparó en 2018, cuando el líder sandinista y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, solicitaron la intermediación de miembros del clero en la revuelta masiva que inició el 18 de abril de ese año.
Lo que comenzó como un reclamo contra las reformas al sistema de seguridad social desencadenó una ola de manifestaciones contra el mandato de Ortega que se prolongó por seis meses y dejó un saldo de más de 300 muertos.
El pastor disidente
El punto más alto de tensión llegó con la detención de monseñor Rolando Álvarez en diciembre del año pasado. Se le acusa de «conspiración y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense».
El obispo de la diócesis de Matagalpa se había convertido en una de las voces más críticas dentro de la jerarquía católica de Nicaragua. En sus homilías acusaba a la Policía Nacional de cometer violaciones de derechos humanos y a la pareja presidencial de actos de persecución religiosa y de abusos de poder.
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