El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado que los funcionarios públicos pueden bloquear a sus seguidores en las redes sociales si están utilizando sus cuentas de manera personal y no en ejercicio de su autoridad oficial. Esto surge de dos casos que llegaron al tribunal en los que los demandantes alegaron violación de la libertad de expresión por parte de funcionarios locales que los bloquearon en redes sociales.
La decisión del Supremo afecta a todos los cargos públicos y establece que la distinción clave es el uso de la cuenta: si un funcionario está ejerciendo su autoridad en sus publicaciones, no puede bloquear a los usuarios. Sin embargo, si las publicaciones son de naturaleza personal, pueden bloquear a los usuarios sin violar la libertad de expresión.
La corte enfatiza que la frontera entre la acción privada y la acción estatal puede ser difícil de trazar, pero el criterio es si el funcionario está hablando en nombre del estado sobre un asunto específico y pretende ejercer su autoridad. La decisión también destaca que bloquear a un usuario es una acción más relevante que borrar un comentario, ya que impide al usuario interactuar con cualquier publicación futura del funcionario.
El Supremo ha remitido los casos a los tribunales inferiores para revisión bajo estos criterios, y también tiene pendiente una decisión sobre la libertad de expresión en las redes sociales en relación con leyes estatales que afectan a la política de moderación de contenido. En resumen, la corte establece un precedente importante sobre el uso de las redes sociales por parte de funcionarios públicos y su relación con la libertad de expresión.
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